El día a día de “Alberto” transcurre en medio de habitaciones repletas de equipos que minan bitcoin, ether, litecoin y dash. Tiene 30 años y los últimos 6 los ha desempeñado como minero de criptomonedas, una labor que le ha permitido llevar un estilo de vida acomodado, pero de bajo perfil. La dinámica del trabajo lo mantiene ocupado en diversas ciudades de Venezuela, donde lleva el control de 600 equipos que están esparcidos en galpones, casas y apartamentos.

El ingeniero en computación señala que minar criptomonedas en Venezuela se ha convertido en una actividad de riesgos, a pesar de su aprobación oficial. Denuncia que ha recibido la “visita” de funcionarios policiales, quienes llegan solicitando información sobre las máquinas, entrevistarse con el dueño y “exigir dinero en efectivo para no incautar los equipos”.

Los últimos dos encuentros ocurrieron semanas atrás en distintas zonas de Caracas, aunque también se sabe de “visitas” en otras ciudades como Maracaibo, Valencia, Margarita y Maracay. El minero confiesa que, al dedicarse a esta forma de vida, se siente en las sombras, con la incertidumbre de no saber qué pasará mañana o el día siguiente.

“Estoy metido de cabeza en esto y he visto cómo mi trabajo se ha convertido en blanco para que nos extorsionen, no hablo de delincuentes como los conocemos, hablo de funcionarios que trabajan en cuerpos policiales”, señaló el hombre a CriptoNoticias bajo un seudónimo para resguardar su identidad.

El minero describe que las “visitas” de los cuerpos de seguridad son cada vez más seguidas. Incluso en el último mes ha “atendido” a varios agentes que llegan pidiendo documentos, certificados y facturas.

Hace poco nos ‘visitaron’ dos comisiones en días diferentes. Uno de los investigadores pidió que le mostraran un supuesto permiso del Banco Central de Venezuela, algo que no existe para la minería. También pidieron facturas de importación de las máquinas, contrato de arrendamiento y el permiso de la superintendencia de mineros. Mostramos todo lo que pidieron, pero se retiraron del lugar porque hicimos algunas llamadas. Se podría decir que corrimos con suerte.

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Minero venezolano

Lo ocurrido con “Alberto” ha sido denunciado por la propia Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas. En enero de 2018, el entonces superintendente, Carlos Vargas, reconoció, a través de un programa de televisión, que en Venezuela hay funcionarios del Estado que participan en la extorsión e incautación ilegal de equipos que minan criptomonedas.

El 8 de enero, Vargas dijo en Venezolana de Televisión lo siguiente: “Es cierto que han ocurrido procedimientos de incautación que nosotros desde la Superintendencia consideramos ilegales. Es cierto que ha habido un asedio de funcionarios inescrupulosos que se han beneficiado o se benefician permanentemente de la extorsión a este sector en Venezuela”.

Añadió: “Esos equipos los vamos a recuperar, esos equipos tienen que devolverlos, porque esos equipos no pueden estar por allí también en el anonimato y en la clandestinidad seguramente produciendo a favor de tal o cual”.

Lo dicho por Vargas confirma que episodios como los ocurridos con “Alberto” han sucedido. Sin embargo, han transcurrido 10 meses desde que admitiera los procedimientos irregulares y la situación continúa sucediendo, a pesar de que se solicitaría al Ministerio de Interior, Justicia y Paz y a los cuerpos de seguridad del Estado el cese a la incautación de equipos contra los mineros.

Pérdida de equipos

El minero venezolano explicó que la situación se presenta desde mucho tiempo atrás y que en 2017 tuvo que sortear un encuentro en el que no corrió con la misma suerte de hace unas semanas.

Hace 1 año no fue así. Una comisión nos cayó en otro lugar y se metieron en la mina. Esa vez la cosa en la calle estaba caliente con los mineros y ninguna persona del equipo se atrevió a ir al sitio. Como no llegó nadie, rompieron las rejas y violentaron la puerta. Hicieron lo que quisieron. Se llevaron 50 rigs para minar ether con un costo promedio, por equipo, de 2.000 dólares. Es decir, perdimos más o menos como 100.000 dólares. Hasta cosas de la casa se perdieron, fue como un robo más bien. Para evitar que nos vuelvan a caer, tuvimos que mudar todos los equipos hacia lugares más seguros.

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Minero venezolano

“También he sabido de casos en los que a los dueños de otras minas no les queda otra alternativa que ‘negociar’ con ellos para asumir el menor daño posible. Hay extorsiones que se cuadran en 5.000 dólares, todo depende”, reveló el ingeniero.

En medios internacionales también se han hecho eco de los riesgos que conlleva la minería de criptomonedas en Venezuela, por lo que la situación se ha transformado en un hecho público y notorio. Ante esta situación, “Alberto” puntualizó que “el problema es que los policías caen y comienzan a presionar diciendo que te van a meter preso, que te van a presentar en Fiscalía, que eres un criminal. La presión es dura, pero ya sabemos por donde vienen. Ellos no se van a quedar tranquilos hasta jodernos. Estas situaciones van en aumento, no sé las causas, tal vez tenga que ver con la implementación de una futura regulación y así no podrán meterse más con nosotros”.

Desde el pasado mes de abril, con la aprobación de la Ley de Criptoactivos y la Criptomoneda Petro, Venezuela autorizó la comercialización de criptodivisas para el intercambio de bienes y servicios. La misma legislación permite “crear el Sistema de Registro de Mineros Virtuales, casas de intercambio virtual y demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación virtual en criptomonedas”.

En otras palabras, es el propio Estado el que incentiva el intercambio de las criptomonedas e invita a los mineros a registrarse. No obstante, para “Alberto” el panorama no luce del todo claro, por el contrario los temores siguen aumentando.

Prácticamente somos los más buscados por la policía porque producimos dólares. No somos delincuentes, no estamos armados y no estamos acostumbrados a tratar con ellos. Entonces ellos piensan que, con un poco de presión, se van a llevar nuestros reales porque, en teoría, no hay riesgo de que se presente un tiroteo, por ejemplo. Con todo lo que está pasando, ya vivimos en las sombras, ese es el precio que debemos pagar por utilizar la energía más barata del mundo.

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Minero venezolano

Conectados al sistema eléctrico

El Ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo hace 1 mes, sobre el uso de la energía eléctrica en la minería, que se iniciaría un proceso de fiscalización en el estado Zulia por las recurrentes fallas eléctricas.

Reverol anunció la medida al decir: “Vamos a comenzar un proceso de fiscalización a aquellos privados, o personas jurídicas, o personas naturales que se dedican a ejercer la minería de la criptomoneda, para evaluar también los consumos eléctricos y si están autorizados o no por la Superintendencia”.

Mineros como “Alberto” conocen de primera mano que la actividad genera un alto consumo de energía. Sin embargo, considera que señalar a los mineros como culpables de las fallas no es acertado.

“Hemos hecho los cálculos para meter plantas eléctricas en las minas, pero así los números no dan. Todo lo tenemos conectado al sistema. No niego que la minería de criptomonedas consuma mucha luz, eso es cierto, pero nosotros no nos oponemos a pagarla un poco más cara, incluso en dólares, siempre y cuando el precio sea acorde a los riesgos. En Venezuela, por ejemplo, no podemos pagar la luz ni cerca de lo que se paga en Estados Unidos, un país que tiene unas leyes bien establecidas y una seguridad jurídica del 100%”.

“Hay ministros del gobierno que nos culpan de las fallas que han ocurrido en el sistema eléctrico. Eso contradice lo que ellos mismos han dicho sobre motivar a la minería e invertir en el país. Hasta el petro dicen que será minable. Si tenemos una criptomoneda venezolana que podría ser minable ¿somos nosotros los culpables de dañar la red eléctrica?”.

Mientras todo esto ocurre, “Alberto” resaltó que, a pesar de que la minería es legal en Venezuela, muchas veces se siente perseguido, como alguien que estuviera cometiendo un delito. Al resto de los mineros les envió un mensaje y dice que espera seguir trabajando con los criptoactivos en el futuro.

“La minería es legítima y está aprobada por el Gobierno nacional, es un trabajo que debe hacerse sin que uno se sienta como un delincuente o un narcotraficante. Eso es justo lo que más molesta, que dicen una cosa y la realidad es otra. Es el mismo gobierno el que nos obliga a mantenernos en el lado oscuro de todo esto.

A los mineros les digo que trabajen con cuidado y que lo hagan solo con personas de confianza. Nunca le digan a nadie a qué se dedican y mucho menos en dónde tienen los equipos. La situación es difícil y complicada. Soy una persona a la que no le gustan los problemas y menos con las autoridades.

Esto es un negocio como cualquier otro, algunas veces se gana y en otras se pierde. No somos narcos, ni tenemos unas gallinas poniendo huevos de oro, estamos trabajando como cualquier persona que busca vivir sin perjudicar a nadie. Ojalá lo sigamos haciendo”.

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